Helping The others Realize The Advantages Of orden de detencion europea y entrega - asistencia legal

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three. Las disposiciones de este Título no se aplicarán a los supuestos de reconocimiento y ejecución de resoluciones que impongan penas privativas de libertad, sanciones pecuniarias o decomiso previstos en esta Ley.

Cuando, al dictarse el automobile, el condenado se encuentre en el Estado de ejecución se transmitirá el certificado del anexo III a la autoridad judicial competente de aquél para que lleve a cabo esa notificación.

A la luz de estas consideraciones, es fácil entender cómo la defensa en este sector requiere un conocimiento sólido de toda la legislación internacional y la relacionada con la cooperación investigativa entre las Autoridades Judiciales de diferentes países; esta competencia sin duda se encuentra entre los abogados del bufete asociado Worldwide Lawyers Associates.

one. Cuando el formulario o el certificado no venga traducido al español, se devolverá inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traducción correspondiente, salvo que un convenio en vigor con dicho Estado o una declaración depositada ante la Secretaría Basic del Consejo de la Unión Europea permitan el envío en esa otra lengua.

Si la persona detenida fuera español o residente en España, se le oirá también sobre si solicita ser devuelta a España para cumplir la pena o medida de seguridad privativa de libertad que pudiera pronunciar en su contra el Estado de emisión.

two. Para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que impongan sanciones pecuniarias, además de las señaladas en el apartado anterior, no estarán sometidas al principio de doble tipificación aquellas resoluciones judiciales que castiguen hechos enjuiciados como alguno de los siguientes delitos o infracciones:

C. Considerando que, en términos generales, la orden de detención europea ha sido un éxito y ha sustituido las extradiciones por entregas; que, en los casos en que el interesado no presta su consentimiento, el tiempo que transcurre hasta la entrega se ha reducido a una media de forty días en 2017 —frente a fifty Check This Out días por término medio en 2016—, si bien en algunos Estados se tarda en cumplir o no se cumplen las exigencias de reconocimiento mutuo; que en algunos casos aislados los Estados miembros han notificado procedimientos de entrega de hasta noventa días de duración cuando el interesado no había prestado su consentimiento;

a) Cuando la persona hubiere renunciado expresamente ante la autoridad judicial de ejecución al principio de especialidad antes de la entrega.

En el ámbito penal, según lo dispuesto en el Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, dicho principio ha de ser de aplicación en cada una de las fases del proceso penal, tanto antes, como durante e incluso después de dictarse la sentencia condenatoria.

Artworkículo 64. Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

b) Que el imputado solicite trasladarse a un Estado distinto del de su residencia y la autoridad competente de este Estado así lo consienta.

1. El Juez Central de lo Penal contestará las solicitudes de información dirigidas por la autoridad de emisión relativas a la transmisión a nuestro país de una this contact form resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad en un plazo máximo de veinte días desde su recepción.

one. En los casos de insuficiencia del formulario o del certificado, cuando éste falte o no se corresponda manifiestamente con la resolución judicial cuya ejecución es transmitida, la navigate here autoridad judicial lo comunicará a la autoridad de emisión fijando un plazo para que el certificado se presente de nuevo, se finish o se modifique.

d) Cuando, antes de decidir sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución condenatoria, el Juez Central de lo Penal presente una solicitud para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad en España por una infracción cometida con anterioridad a su traslado y distinta de la que lo hubiera motivado, y la autoridad competente del Estado de emisión no diera su consentimiento.